#GamonalSigue : habla el grupo de apoyo a encausadas.

El pasado 15 de Enero, en el marco del II Aniversario de la lucha contra el bulevar, la Asamblea de Gamonal organizó un encuentro contra la represión en el CSR del barrio. En dicho acto intervinieron representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, el Movimiento Eleak por los derechos civiles y políticos y la Comisión Legal Sol. Para culminar la jornada, el grupo de apoyo a las personas encausadas de Gamonal abordó la represión sufrida en Enero de 2014, cómo han ido evolucionando los procesos penales y administrativos y la situación actual. Dejamos aquí un resumen de su intervención.

 

En cuanto al contexto, cabe recordar que a finales de 2013 muchos sociólogos, tertulianos y analistas se extrañaban de que con la situación social tan tensa no se produjera ningún estallido social. Eso fue lo que ocurrió en Gamonal, y hay varios factores que explican por qué sucedió en nuestro barrio (tradición de lucha y organización, corrupción local, caciquismo, percepción de las injusticias…).

En cuanto al debate sobre los “hechos violentos”, hay que destacar que los supuestos daños a bienes públicos son absolutamente mínimos comparados con el sobrecoste anual de la privatización del Hospital, por citar un ejemplo. Pero como del hospital no sale humo parece que no se producen daños de forma deliberada. También se insiste en que tras meses de protestas pacíficas y silencio mediático, la prensa, incluso internacional, acudió en cuanto se produjeron disturbios, y se volvió a retirar en cuanto acabaron. Deberíamos preocuparnos más por el tumor que padecemos en Burgos: los caciques locales y el Partido Popular, que perpetran un robo continuado a los bienes comunes, en lugar de fijarnos tanto en los contenedores quemados que son la consecuencia final de lo primero.

seguridad-ciudadana

Sobre la represión de aquellos días, aseguran que la mayoría de las personas detenidas ni siquiera participaban en las movilizaciones. Muchas estaban en la calle porque su curiosidad les impulsó a asomarse a ver qué sucedía; otras iban a trabajar; incluso algunas salieron a fumar de un restaurante. Confiaban en que si no habían participado en ningún modo, nada podía pasarles. Muchas personas, y sus familias, han sufrido especialmente por su incomprensión de todo lo sucedido. Hasta ese momento entendían que la policía protegía a los ciudadanos, que los medios de comunicación no mentían, y que los tribunales impartían justicia. Asumir lo que les había ocurrido fue algo muy duro.

Ese perfil de personas detenidas ha determinado la forma de actuar. En un primer momento se apoyó de manera muy cercana a las detenidas, y se les explicó cómo podía hacerse frente a su situación.

Se produjeron en total unas 50 detenciones, desde el viernes hasta el lunes fundamentalmente, aunque también hubo algunas posteriores. Alrededor de una decena eran menores de edad, cuyos procesos han sido archivados o sobreseídos en su mayoría. Con los dos últimos detenidos del sábado y el lunes cambió el patrón de actuación de la jueza, y envió a prisión preventiva a 6 de los detenidos, sin que su perfil fuera diferente al del resto. Entendemos que fue un giro destinado a intentar parar la revuelta por el miedo al encarcelamiento. Sin embargo, entre la gente del barrio y los apoyos recibidos se reunieron los 15.000 € necesarios para liberarlos al día siguiente. Hay que agradecer enormemente la amplia solidaridad recibida de otros lugares del estado.

Los procesos contra los menores de edad ya han finalizado. Se trataba de 13 casos, y llama especialmente la atención que fuese el propio fiscal de menores el que ordenara el archivo de 10 de estos casos, al no encontrar pruebas policiales suficientes para detenerlos y mucho menos procesarlos. Estas conclusiones de la fiscalía de menores venían a avalar nuestra posición y entendíamos que eran aplicables también a los mayores de edad. Por desgracia la fiscalía y la juez que instruye los casos de los mayores de edad no lo han entendido así.

El proceso judicial para los detenidos el viernes ha finalizado ya la fase de instrucción y se encuentra a la espera de apertura de juicio oral. Hay que destacar que se trata de 12 personas procesadas se enfrentan a 24.000 euros de fianza y dos años y medio de cárcel cada uno (cuatro casos fueron archivados).El proceso contra los detenidos el sábado continúa en fase de instrucción

Por otro lado, el Ayuntamiento, que en su día dijo que no se iba a personar como acusación particular, sí que reclama una serie de daños y exige cantidades exageradas en concepto de indemnizaciones. Esto ha complicado más aún algunos procedimientos, especialmente el de los cuatro chicos que continúan procesados por los hechos del lunes (dos se archivaron). Estos cuatro procesados hace unos meses alcanzaron un acuerdo con la fiscalía. Este acuerdo ha sido recientemente recurrido por el ayuntamiento de Burgos que veía insuficientes las cantidades y sanciones pactadas. Finalmente el juez ha anulado dicho acuerdo, por lo que habrá que esperar para saber si es posible alcanzar un nuevo acuerdo o si finalmente habrá que ir a juicio.

Todo esto se lo debemos a los grupos municipales del PP, Ciudadanos y PSOE, que votaron en un pleno a favor de estas reclamaciones.

Sobre los pactos hay que decir que encierran una perversidad, ya que no se basan en que las personas encausadas reconocen su culpa sino en la amenaza de peticiones superiores a los 2 años de prisión, lo que podría suponer su ingreso en caso de condena.

Por otro lado, sólo se abrió un proceso judicial contra los agentes policiales que cometieron agresiones y abusos contra un menor de edad. Tras una farsa de juicio, en el que el fiscal asumió la defensa de los agentes, fueron absueltos.

En cuanto a las sanciones administrativas, se produjeron 27 expedientes. Estas sanciones iban desde los 300 a los 3000 €. Con la ayuda de Legal Sol se han presentado alegaciones y recursos. Llama la atención el hecho de que la Subdelegación del Gobierno pidiera más personal para tramitar estos expedientes y evitar que prescribieran. Hay personas que han desistido de recurrir agotadas por los trámites, y otras que sí han llegado a la vía judicial. Se están produciendo algunas sentencias que anulan las sanciones, pero faltan todavía muchas.

Se recordó también cómo posteriormente la Asamblea Contra la Especulación de Burgos organizó numerosas protestas, y que varias personas están pendientes aún de resolver expedientes administrativos en los que se les reclaman cantidades económicas muy importantes. Se ha tratado de asesorarles y apoyarles, ya que en muchos casos también se trata de gente de nuestro barrio y por supuesto de luchas sociales plenamente legítimas.

A modo de reflexión, hay que entender también que las luchas tienen un coste. Y que aún quedan casi 30 personas procesadas por las protestas contra el bulevar. El barrio y la ciudad tienen que saberlo. Ellos, ellas, y sus familias necesitan nuestro apoyo. Hay que seguir brindándoselo.

 

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